La ola de problemas en USA sigue creciendo.

          Por Armando Brugés Dávila.

 Resulta que en los Estados Unidos, entre los años 1861 y 1865, se dio la Guerra de Secesión o Guerra Civil, en la cual se enfrentaron las fuerzas de los estados del Norte contra la de los Confederados del Sur. Las primeras, llamadas de la Unión o Republicanas, lideradas por Abraham Lincoln dispuestas a imponer el llamado Sistema Americano, el cual incluía una política aduanera proteccionista, inversiones públicas en infraestructura y una política bancaria inflacionista, para lo cual necesitaban un país unificado, y las segundas, lideradas por el demócrata Stephen A. Douglas, a quienes no convenía la propuesta de la Unión, dado su carácter agrario y esclavista, razón por la cual insistían en la secesión, no obstante desear la continuación  de las relaciones entre el Norte y el Sur. Los estados que encabezaron esta rebelión fueron: Florida, Alabama, Georgia, Luisiana, Texas, Tennessee, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Misisipi.

Hoy día, 151 años después, se presenta una situación aunque similar no igual, debido a que al presidente Obama y a sus asesores en su afán de ganar la reelección, se les ocurrió abrir en el sitio de internet de la Casa Blanca, un apartado denominado “Nosotros el Pueblo”. Allí la administración invitó a los ciudadanos estadounidenses a proponer cambios, cualquiera que fuesen, pero que a ellos les gustara ver en práctica en la política del país, pero con una condición: las propuestas deberían alcanzar dentro de los 30 primeros días de montadas en Internet un mínimo de 25.000  firmas para que la Casa Blanca estuviese obligada a  responderlas o hacer comentarios al respecto. Y sucedió lo inesperado: grupos de ciudadanos de una serie de estados, entre los que se destacan Texas, Georgia, Tennessee, Luisiana, Carolina del Sur y del Norte, Virginia, Misisipi y Arkansas, fundamentados en aspectos económicos, fiscales y aún sociales resultaron pidiendo la separación de Estados Unidos. Algunos expertos consideran que se trata de una acción con más sentido populista y electorero que otra cosa; en su criterio siempre han existido al interior del país, grupos conservadores manejando aún las ideas de los Confederados del Sur del siglo XIX. En USA también parece tener vigencia aquello de “No se puede dar papaya”, y eso fue lo que hizo el Nobel de Obama. Vale anotar que se trata casi exactamente de los mismos estados que en el siglo XIX lideraron el movimiento separatista de los demócratas esclavistas del sur. Bien se podría decir que se trata de una fiel copia de su original pero al revés. Ahora es la ultraderecha del sur la que propone la separación para complicarles las elecciones a los demócratas. No obstante, varios estados parecen haber alcanzado las 25.000 firmas, entre ellos, Texas, Georgia, Tennessee, Luisiana, Carolina del Sur, y Arkansas.

El caso más interesante es el de Texas que parece haber alcanzado las 100.000 firmas, quienes argumentan para separarse “que los Estados Unidos continúan sufriendo dificultades económicas, cuya raíz está en la negligencia del gobierno federal (léase demócrata) de reformar los gastos internos y externos. Los ciudadanos sufren descarados abusos a sus derechos. Y dado que el estado de Texas es la decimoquinta economía del mundo y mantiene un presupuesto equilibrado, es factible abandonar la unión y proteger el nivel de vida de sus ciudadanos, así como sus derechos y libertades en correspondencia con el ideal de nuestros padres fundadores, los cuales ya no están siendo reflejadas por el gobierno federal”. Por otro lado, un grupo ha mandado otra solicitud en el sentido que toda persona que firme una petición en ese sentido se le prive de la ciudadanía y se le deporte “pacíficamente” del país. Lo cierto del caso es que Obama está en la obligación de contestar porque a eso se comprometió públicamente, en caso de que las peticiones alcanzaran más de 25.000 firmas. Amanecerá y veremos.

 

 

La estructura de la corrupción.

Por Armando Brugés Dávila.

Razón tiene la Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia al mostrarse preocupada por los resultados del  IPC (Índice de Percepción de Corrupción), según los cuales nuestro país solo alcanza 36 sobre 100 puntos posibles. No obstante tener razón en su preocupación, desconcierta cuando manifiesta que no entiende cómo a pesar de haberse producido en el país reformas institucionales para combatir la corrupción, ésta se mantiene como si nada. Es más, según ella, se percibe que la impunidad campea. Lo paradójico resulta en que a continuación manifiesta que la corrupción ha alcanzado un carácter estructural en el país y aquí radica su gran equivocación.  

Si entendemos como estructura las relaciones sociales primarias que sirven de fundamento a la organización interna de los grupos sociales, tenemos que hablar de una corrupción que viene implementándose desde la Colonia. Si algo caracteriza a los sistemas de explotación colonialistas, es precisamente el manejo de una política en donde mediante el soborno y el nepotismo manosean a los sectores influyentes de la sociedad colonizada para beneficio de la metrópoli. Estos fueron los cimientos de nuestra actual estructura social. Entonces no es que la corrupción en nuestro país haya alcanzado un carácter estructural, lo que sucede es que nuestra relaciones sociales han tenido como fundamento estructural la corrupción  misma. Nacimos amamantándonos de ella. Lo que ahora acontece es la consecuencia de un desarrollo tal de la misma que ha llegado hasta el aniquilamiento de la vergüenza, la que al igual que la esperanza son de las últimas fundamentaciones biológico-sociales que perdemos los seres humanos. Tiene mucha razón la Directora de Transparencia por Colombia cuando dice que el problema viene escalando de tiempo atrás, sosteniendo además que la misma no tiene color político; claro, porque el símbolo de la corrupción a nivel planetario es el signo $, el color político solo sirve como engañabobos. Igualmente de manera “ingenua”, como si viviera en otro planeta, manifiesta que el ejecutivo, al igual que el legislativo, la rama judicial y los órganos de control, deben coordinarse si se quieren alcanzar resultados efectivos, parece olvidarse que en este país  hasta la sal tiene posibilidades de corromperse.

El Procurador, por ejemplo, cuya reelección ha sido tan criticada por anti-ética, no tuvo inconveniente en manifestar en un foro sobre corrupción en el Congreso de la República, que el país sufría un “drama” por culpa de la corrupción. Mejor dicho él estaba escandalizado. Más descaro imposible. Y cómo queriendo congraciarse con el sector público en donde de alguna manera es cacique, la enfiló contra el grupo que más había señalado de corrupto a dicho sector, los ejecutivos de empresas, diciendo que los colombianos teníamos que  quitarnos la idea errada de reducir el tema de la corrupción exclusivamente a lo público, tomando como ejemplo a Interbolsa, a la que calificó como una típica pirámide de estrato seis, llamando además la atención  de que cada vez más la nación estaba abocada a esta clase de escándalos en el sector privado. Algo así como una versión moderna del “entre bomberos no nos pisemos las mangueras”.

La nación debe tener claro que los cambios que requiere este país son estructurales, los cuales  infortunadamente no se producen de un día para otro y que para iniciar el proceso se debe comenzar, si en realidad queremos cambiar, por el sistema educativo. Esto lo dijo el Comité de  Sabios hace quince años. Lo demás no es sino pura y física paja.

Latinoamérica traza pautas en política social.

Por Armando Brugés Dávila.

Sorpresivamente, Ecuador ha asumido el liderazgo de la legislación social en el planeta y lo digo porque su Asamblea Nacional acaba de adoptar  una ley única en el mundo. Sin embargo, la noticia ha pasado totalmente desapercibida por la mayoría de los medios nacionales, incluso  internacionales. Me refiero a la Ley de redistribución de los ingresos del gasto social, mediante la cual la banca ecuatoriana debe pagar al fisco el 12% del impuesto al valor agregado IVA por los servicios financieros que llevan gravámenes sobre los fondos depositados en el extranjero, ello para financiar parte del incremento del denominado “Bono de desarrollo humano”.  Es decir, éste país logra convertir un sueño planetario en  una realidad, esto es, socializar parte de las utilidades de los bancos.  El bono del cual hablamos es entregado por el gobierno a madres, personas discapacitadas y otros sectores necesitados de la población, y se incrementó este año en 15 dólares per cápita, es decir su costo total se incrementó en 300 millones de dólares, de los cuales 160 se obtendrán mediante esta socialización de utilidades bancarias. Pero aquí no queda el asunto: la misma ley pone techo a los salarios de directivos bancarios, muchos de los cuales devengan hasta 70 mil dólares, a decir de los críticos, más que muchos presidentes del mundo. Y como si lo anterior fuera poco el sistema queda obligado a rendir informe de los cuentahabientes cuando el Estado la solicite para uso tributario. 

Obviamente, el reclamo de la banca privada no se hizo esperar calificando la medida de inconstitucional, discriminatoria, y causal de un peligroso detrimento del crédito en el país, para continuar con  una furiosa arremetida contra la misma a través de los medios y correos electrónicos enviados a sus clientes en donde advertía de los riesgos de la misma y  en donde además acusaba al gobierno de darle un manejo político  al sistema financiero. El propósito es tan serio  que la Superintendencia  Bancaria de aquel país multó con 7.8 millones de dólares a cuatro de los bancos más importantes por soliviantar a sus clientes en detrimento del interés público. Lo cierto es que no obstante el aporte social que el sector hace a la Nación, aún le quedan 233 millones de dólares de utilidades, es decir un 9% de rentabilidad.
En nuestro país viene sucediendo lo contrario: lo que se socializa son las pérdidas porque las ganancias se privatizan.  Recordemos 1998 con el cuento de que se tenía que salvar el sector financiero el cual  amenazaba con irse a la quiebra, nos clavaron por decreto el 2 por mil, con la promesa que sería hasta el 31 de diciembre de 1999. Pero lo que hicieron fue aumentarlo al 3 por mil. Y  como al que no le gusta el caldo le dan dos tazas, otra ley tres años después lo elevó a 4 por mil. ¡Qué rico!

Ahora, paradójicamente quien pide a gritos que lo quiten es el sector bancario, porque para su desgracia, una vez salvados, el gobierno quedó con el gustico y lo siguió cobrando pero sin darles participación, lo que ahora sí incide, según ellos, en contra de sus intereses. Lo cierto del caso es que  mientras en Ecuador las utilidades del sector en el 2011 fueron de 397 millones de dólares, en Colombia este grupo obtuvo utilidades por 5.8 billones de pesos, lo que nos daría un aproximado de 3.222 millones de dólares. Pero,  ahora sí que  no se acuerdan cuando los pobres de este país  los salvaron de la bancarrota, y de esa mazorca millonaria de utilidades que reciben cada año no colaboran al erario ni con un grano.