Por Armando Brugés Dávila.
Todo parece indicar que se está presentando un pulso muy
fuerte entre el desarrollado mundo industrial de América del Norte, obviamente
incluida Canadá, y los ahora llamados “insurgentes” estados latinoamericanos y
caribeños.
Para nadie, que medio conozca la historia de las relaciones
entre el norte y el sur de América, incluida por supuesto la región del Caribe,
es un secreto que ellas han sido más de imposición y sometimiento, que de
respeto y reconocimiento del otro. Para
no ir muy lejos, recordemos aquella triste pero célebre frase de un presidente estadounidense
cuando se refería a un despreciable dictador caribeño: “Somoza es un hijo de
puta, pero es nuestro hijo de puta”. Así se han venido dando esas relaciones en
términos generales, gústenos o no.
En estos momentos y a raíz de unas protestas que se
realizaron en el interior de Venezuela
con miras a desestabilizar el orden institucional del país, el gobierno
americano ha decidido, a motu propio,
considerar que en aquel país se han violado los derechos humanos, en base a
declaraciones hechas por venezolanos contrarios al gobierno de su presidente
constitucional Nicolás Maduro sin dignarse a escuchar a la contraparte, y sin
más allá ni más acá termina aplicando sanciones a funcionarios venezolanos y a familiares de
estos, por simple presunción de parte. Con esta determinación, no solo se les
negaron visas a altos funcionarios venezolanos, también se les congelaron sus
bienes y confiscaron sus propiedades. No hay que ser un experto para concluir
que en este suceso, hay actitudes no muy “legales” que digamos, en tanto se
trata de sanciones unilaterales de muy mal recibo en el ámbito de las buenas relaciones
internacionales. Máxime cuando los muertos en las famosas guarimbas, fueron o
bien ciudadanos del común o miembros del partido de gobierno. Pero con
anterioridad las cosas habían ido aún más allá; en un documento titulado
“Estrategia de Seguridad Nacional 2015”, el gobierno estadounidense ya había
incluido y clasificado a Venezuela como una “amenaza” a la seguridad de su Estado;
esto es, Venezuela al nivel de Al Qaeda. Cuanto desatino. En ningún sentido tiene
esto lógica. En qué medida un país del tercer mundo puede ser una amenaza para
una potencia como la estadounidense, que cuenta con un arsenal bélico superior
a todo lo imaginado antes en la historia guerrerista de esta humanidad que se
las pela por autodestruirse, incluido un arsenal atómico que aterroriza al más
despistado. Una de dos: o son poco serios, que no lo creo, o algo se está
cocinando tras bambalinas.
Ahora bien, lo que si da para pensar es que instituciones
como CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), UNASUR (Unión
de Naciones Suramericanas), ALBA (Alianza bolivariana para los pueblos de
nuestra América) y MPNAL (Movimientos de Países no Alineados), en donde sí se
escuchó a la contraparte, determinaron respaldar al gobierno venezolano en sus
actuaciones por considerarlas acordes con su legislación interna y con el
derecho internacional, Igualmente, rechazaron la imposición de sanciones
unilaterales por parte de EE. UU. puesto que constituyen una violación a la
normatividad del derecho contemplado en la Organización de las naciones Unidas y
un atropello a la voluntad democrática y soberana del pueblo venezolano.
Es como si ahora, cuando el señor Uribe ha ido a acusar de
persecución política ante algunos senadores del congreso de los Estados Unidos
al presidente Santos, aquel Congreso en base a este señalamiento, sin escuchar
a la contraparte, decidiera sancionar al gobierno colombiano por violación de
Derechos Humanos.
