ALGO VA DE SANTOS A CORREA.

Por Armando Brugés Dávila.

Tanto en la Constitución ecuatoriana como en la colombiana sus respectivos presidentes constitucionales están autorizados a presentar proyectos de ley tendientes a contrarrestar entuertos económicos que atenten contra la economía nacional y familiar. La diferencia radica en la manera de cómo cada mandatario asume los problemas que afectan a las familias en sus países.

De un tiempo a esta parte, en Colombia, se viene notando que las diversas empresas bancarias ofrecen préstamos a sus clientes con una facilidad que bordea los límites de la irresponsabilidad. Al punto que muchos parroquianos tienen en sus cuentas préstamos automáticos, abonados por la entidad sin que se lo hayan solicitado los usuarios. El propósito es  para que lo utilicen en el momento que lo deseen. Así de sencillo. A otros, incluso sin ser cuentahabientes de la entidad, les llaman por teléfono para comunicarles que los felicitan porque el banco que les llama les ha aprobado préstamos por valor de 20 o 30 millones, los cuales podrán utilizar en el momento que a bien lo deseen, con solo acercarse a la entidad para cumplir con algunos requisitos. Muchos ingenuos o irresponsables, por llamarlos de alguna manera, terminan cayendo en la trampa de gastar un dinero en algo que de no tenerlo no lo hubieran ni siquiera pensado, por no ser realmente necesario. La misma entidad les orienta en posibilidades para gastarlo señalándole  situaciones tales como paseos con la familia, o la compra de carro nuevo. Esto sin hablar de las tarjetas de crédito cuyo propósito de utilidades por parte de los sectores bancarios, las convierten en formas infames de endeudar a las familias colombianas. Y como si fuera poco ahora se inventaron la tarjeta de crédito para adolescentes, cuyo propósito no es otro que generar en los mismos un sentimiento de gasto compulsivo que a futuro les significará pingues utilidades. Todo lo anterior reforzado con un habilidoso plan de marketing publicitario incitando al consumo irracional. Situación que el gobierno conoce muy bien desde hace rato, pero ante la cual parece querer tirársela de loco.

Pero mientras en Colombia, es el Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, quien asume la responsabilidad del manejo de tan delicada situación, lo único que hace es un llamado de atención a las empresas y a los hogares para que moderen los gastos, pues en su criterio se necesita que a futuro las mismas tengan suficiente liquidez. Según el Ministro, el crecimiento del crédito en los hogares permanece alto, especialmente el relacionado con el consumo, lo que no resulta conveniente. Tímidamente advierte  que tanto los unos como los otros deben estar preparados para la previsible turbulencia que generará Europa en el segundo semestre de este año y que con seguridad la sentirán más los sectores en mención sí carecen de liquidez de caja. Soslayando de esta manera  la responsabilidad social del Estado de conminar a las entidades financieras y bancarias a un control que le permita al ciudadano no endeudarse sin contar con una real capacidad de pago.

Un buen ejemplo al respecto lo viene dando el presidente de la Republica del Ecuador, Rafael Correa,  quien ante una situación semejante anuncia de tajo medidas para evitar sobreendeudamiento de las familias ecuatorianas. Según el mandatario unas 400.000 familias se encuentran en esta situación lo que él considera un peligro para la economía nacional, en tanto que se trata de un proyecto, perverso diríamos nosotros, de hacer ofertas crediticias sin mayores controles. El jefe de Estado manifestó que estudios realizados en aquel país señalan indicios de sobreendeudamiento, consecuencia de que los bancos están dando estos créditos fáciles porque tienen un exceso de liquidez y sobre ello hay que legislar de inmediato pues de continuar la situación se podría desembocar en graves problemas no solo para estas familias, sino también para el mismo sistema bancario y lo que es peor para la economía nacional.

La diferencia radica en que mientras un gobierno evitando el enfrentamiento con los sectores bancarios, decide asumir la más fácil como la de aconsejar a los inermes usuarios a que se auto disciplinen en sus gastos. El otro toma el toro por los cachos y mediante un proyecto de ley se propone decirle a la banca que moderen su política de préstamos o el Estado se verá obligado  a intervenirles.