Por
Armando Brugés Dávila.
No de otra manera puede interpretarse la actitud que
este sector ha asumido en el continente suramericano en los últimos tiempos en
su afán de mantenerse en el poder, en procura de seguir usufructuando de sus
irracionales privilegios. Así lo demuestran dos sucesos acaecidos en estos días:
el primero en nuestro país y el segundo en la hermana República del Paraguay.
Lo sucedido en el país con la reforma judicial en
cabeza del Congreso, es algo que bien se podría decir que no tiene perdón ni de
Satanás, con todo y que le gustan por principio los torcidos. Nuestros
parlamentarios, con honrosas y algunas dudosas excepciones, se dieron a la
tarea de hacer lo que se creía no era posible, esto es, destruir la esperanza
de mantener la vergüenza, con el único propósito de responderle a sus amos y
sostener sus privilegios, a la vez que resguardarse de cualquier posibilidad de
sanción en caso que a futuro se les fuera aún más la mano en su trajinar
delincuencial. El asunto se puso tan complicado para el gobierno, que nuestro
presidente tuvo que salir a poner la
cara diciendo que devolvía el proyecto al Congreso, cuando precisamente con
anterioridad, su ministro de Justicia había dicho que tal proyecto no requería
de la sanción presidencial. Y tiene razón el Ministro, por cuanto se trata de
una reforma CONSTITUCIONAL que no requiere de firma presidencial alguna. Qué buscaba
el presidente asumiendo tal posición? Simplemente, salvarse del naufragio.
Igualmente se dieron situaciones tan absurdas como que un presidente de la
Cámara, por una emisora de alcance nacional, manifestara que él no había leído
la reforma, pero que la votó favorablemente porque creyó en la palabra del
minjusticia, quien le dijo que había revisado la conciliación y que todo estaba
bien salvo una que otra cosita. Por algo le dicen Simón el bobito. De igual
manera, el mayor beneficiario de la reforma, el ex presidente Uribe, resulta
diciendo que no era partidario de la reforma porque esta no beneficiaba al
pueblo. Tanto populismo asusta.
Mientras tanto, en la hermana República del Paraguay,
la misma corporación, el Congreso, reafirmando su fidelidad al mismo sector en
su país, también enloquecido ante la posibilidad de ir perdiendo junto con sus
amos, el poder y los privilegios de que han gozado desde los tiempos de la
independencia, ha generado un suceso que
se ha comenzado a denominar Golpe de Estado institucional o parlamentario.
Produjeron un quiebre al orden constitucional, de manera diferente a como otrora
se realizaban usualmente en esta parte del mundo, cuando utilizaban al
generalato instruidos en la tristemente célebre Escuela de las Américas. Allí
de manera increíble en menos de 24 horas, este Congreso le hizo un juicio al
presidente Fernando Lugo, tomando como fundamento un enfrentamiento entre unos
campesinos desalojados de unas tierras y una fuerza pública con orden judicial
para hacerlo. Acción que arrojó como resultado, 17 campesinos y 4 policías
muertos. Razón tuvo su abogado al iniciar su defensa diciendo que allí no se
había probado nada y que lo que se hizo fue
cometer un grave y profundo error político para el futuro institucional
de la república. Desconocer que las fuerzas armadas tienen diferentes niveles
de mando a quienes corresponden de manera escalonada calificar las actuaciones
de sus subordinados, para culpar de manera directa a la figura presidencial, es
de una insensatez aberrante. Y puso como ejemplo, el que se le siguiera un
juicio en el Congreso norteamericano al presidente Obama, por el comportamiento criminal de
algunos miembros de sus fuerzas militares en el extranjero. Pero nada importó,
en cuestión de sólo 5 horas, 39 de los 43 diputados presentes en la asamblea
votaron por la destitución del presidente, e inmediatamente
pasaron a posesionar en el cargo al vicepresidente Federico
Franco, en su momento fórmula política de Lugo. El golpe de estado
parlamentario se había consumado, sentando un peligroso precedente en la nueva
historia política que quiere escribir América Latina.
Los dos sucesos sin duda, avergüenzan no sólo la
política sino también las democracias de América del Sur y el Caribe y ponen en
peligro el proceso de integración que tanto necesita y en el que se encuentra empeñada la región y que
precisamente el sector que venimos señalando desea abortar al precio que sea.
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