Arsada.
La pregunta me la hice,
habida cuenta que por estos días un exitoso noticiero de televisión entrevistó
a dos grupos de prestantes figuras del acontecer nacional, en lo relacionado
con la corrupción en el país; estamos hablando, por una parte, del Fiscal, el
Procurador y el Contralor de la Nación, y por la otra de prestantes figuras de
la industria como William Bruce Mac
Master, presidente de la Andi, y Jorge Robledo, candidato a la presidencia por el Polo, y sinceramente la
desazón en que quedé fue manifiesta.
En el primer grupo se
llegó a plantear, por parte del
entrevistador, sobre la necesidad imperiosa
de agregar a ese grupo de tres mosqueteros, así los llamó, un cuarto y
mi sorpresa fue grande cuando señaló que el cuarto debería ser un representante
de la empresa privada. Mejor dicho, el ratón para que cuide el queso.
Como si no fuera
suficiente que la elección de los tres hubiese sido por elección del Honorable
Congreso de la República, ente considerado como el más grande e importante nido de corrupción del país, por lo menos esta
es la opinión de una gran mayoría de colombianos. La filosofía popular es
clara; el olmo no puede producir peras.
Sin embargo, el que se
mostró más consecuente con el problema y sus posibles soluciones fue el
Contralor General de la República, Edgardo Maya, quien alcanzó a expresar que
el tema era tan complejo que requería de la participación de todos y cada uno
de los colombianos.
En la entrevista a
Bruce Mac Master, presiente de la ANDI y Jorge Robledo, los dos sin querer
queriendo, con mucho disimulo y tino comenzaron a sacarse los trapitos al sol y
de alguna manera concluyeron en lo mismo: que el asunto era tan complejo que
igual requería de soluciones más que complejas.
Mejor dicho, no dijeron nada que apuntara a la solución de la situación.
Luego aparece la
Campanita de Peter Pan en el Congreso, Claudia López, con su propuesta de iniciar el rescate de la
moral pública conminando a los electores a votar por una consulta popular de
siete puntos, con la cual se obligaría a los políticos aspirantes a concejos,
asambleas, cámara, senado y presidencia de la Republica, entre otras cosas, a
limitar el período en las corporaciones públicas, propuesta que en conjunto,
además de lógica, resulta justa; sin embargo, a la senadora se le olvidó poner
también como causal de inhabilidad para dichos aspirantes, la comprobación del
uso de los paraísos fiscales que tanto daño le están haciendo a las economías
de América Latina.
La propuesta fue
recibida, en términos generales, con beneplácito, pero de inmediato también saltaron
voces como la de Alfonso Cuellar en la Revista SEMANA, quien la calificó de
inocua.
Definitivamente, a los
colombianos nos mata la inmediatez; pretender que un proceso de dos siglos lo
podamos redireccionar en una década, es sencillamente una ilusión que bordea
los límites de la ingenuidad.
Aunque parezca
increíble, en esta búsqueda angustiosa nadie menciona a la educación. Al
parecer, no se quiere apostar un peso por ella en este proceso de
restructuración del comportamiento ético nacional; no obstante participar la
gran mayoría de los colombianos, incluido el establecimiento, en la idea de que
pretender cambiar el comportamiento social de un país sin tocar su modelo
pedagógico, es simplemente una solemne majadería.
Si bien es cierto que
por algo hay que empezar, y en eso tiene mucha razón la senadora, ese inicio
debe ser por la parte más obvia, la educación y no precisamente referida a los
tiempos, sino al cómo y al qué se va enseñar. No se trata de copiar modelos
pedagógicos, es crear nuestros propios patrones educativos que nos permitan
hacer de la adquisición del conocimiento algo placentero,y del respeto por el
otro un imperativo cultural.
En el mientras tanto,
tocará seguir en este desconcierto que nos tiene al borde de una inviabilidad
que como sociedad no conviene a nadie.
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