Por Armando Brugès
Dávila.
El domingo 27 de
octubre, The Washington Times sorprendió a sus abonados con una noticia que
parecía originada en el Tercer Mundo. Pero antes de seguir adelante, quiero
comentarles a los lectores, que el periódico en mención no es uno más en la
fabulosa producción editorial del país del norte. Su propietario era nada más
ni nadie menos que Sun Myung Moon, un multimillonario surcoreano líder de una
secta religiosa denominada Iglesia de la Unificación, a quien no le tembló la voz para decir que era el mesías,
mejor dicho Cristo mismo en su segunda venida y por tanto, con la tarea
específica de cumplir con la misión inconclusa que dejara en su primera venida.
Infortunadamente para él y sus seguidores, murió en septiembre de 2012 y la
misión que decía tener en la tierra, no la pudo cumplir y la misma quedó bajo
la responsabilidad de su esposa e hijos, quienes fueron ungidos como herederos
absolutos de esta especie de monarquía
religiosa. Pero este político de
derecha, a la par que erigía su monarquía espiritual se destacaba como un
magnate empresarial en el ámbito de las comunicaciones, la hotelería, la
industria y el deporte no sólo en Corea del Sur, sino también en Estados Unidos
y Latinoamérica. El fuerte empresarial de esta secta lo es el grupo Tongil, uno
de los mayores conglomerados económicos
de Corea del Sur y propietario entre otras cosas del Seongnam Ilhwa
Chunma, el equipo de fútbol con más títulos de la K-League, (Liga Surcoreana de
Futbol).
Uno de esos medios de comunicación fue
precisamente The Washington Times, fundado con el claro objetivo de
combatir al comunismo en el mundo. El
periódico representa una sólida posición conservadora al interior del
establecimiento estadounidense. Considerado uno de los periódicos más
importantes de Washington, célebre por su ideología de derecha, hoy levanta su
voz de protesta contra el
establecimiento, el mismo que lo ha amamantado en toda su existencia,
manifestando que prepara acciones
legales contra lo que calificó como una intrusión injustificada de la primera enmienda. Al parecer, la
policía del estado de Maryland y agentes federales, se valieron de una orden de
allanamiento en procura de armas de
fuego no registradas, para incautar
archivos privados de una galardonada experiodista de investigación de dicho rotativo, quien
había expuesto problemas existentes al interior del Servicio Alguacil Federal
Aéreo del Departamento de Seguridad Nacional. Según la periodista Audrey
Hudson, los investigadores, quienes sospechosamente incluyeron en el grupo a un
agente del servicio de Guarda Costa de la seguridad Nacional, incautaron sus notas privadas y documentos
del gobierno, que había obtenido bajo la Ley de Libertad de Información,
cometiendo de esta manera el Estado, ostensibles violaciones de la Primera y
Cuarta Enmienda constitucionales.
El suceso no tendría
importancia, si no fuera por el hecho de estarse llevando en América Latina una
feroz guerra mediática en torno a la no
existencia de libertad de prensa en
países que, como Venezuela,
Bolivia, Ecuador, Argentina y próximamente Uruguay, decidieron tomar el
toro por los cuernos al legislar en procura de una prensa responsable y
antimonopólica, legislaciones
señaladas por la mayor parte de
la prensa continental como contrarias a la “libertad de prensa” de
occidente. Pero curiosamente, cuando el
modelo de democracia en occidente muestra
grietas como ésta que se presenta entre
The Washington Times y el Estado
norteamericano, mejor dicho en el ombligo de la “democracia mediática”
mundial, la noticia se mantiene en un perfil tan bajo que pasa casi
desapercibida.
En Estados Unidos la
controversia se produce no precisamente entre demócratas y republicanos, sino
entre sectores de derecha que detectan
el poder real al interior del país hace mucho tiempo, lo que indica un importante
nivel de crísis. El mensaje bien podría ser, que mientras Estados Unidos en los
últimos tiempos se la ha pasado haciendo la guerra en el extranjero, dizque
para instaurar en aquellos lejanos países del Oriente petrolero la democracia y con ella promover la libertad de expresión
y los derechos humanos, al interior de su territorio el gobierno viola de manera flagrante dichos derechos y
no precisamente en contra de sus adversarios políticos, sino de sus propios
copartidarios de ideología. ¡Vaya lio!
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