La paz no sólo es dejación de las armas.

Por Armando Brugés Dávila.

Después de informarnos, gracias al bloguero Alejandro Arias, sobre el estudio realizado en forma conjunta por la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes titulado “Enfermedad y síntomas respiratorios en niños de cinco años en los municipios carboníferos del Cesar (Colombia)” no queda opción diferente a perder la esperanza, ya que se trata de un hecho en que los afectados son los niños de regiones muy deprimidas de nuestra costa caribe como son Becerril, Agustín Codazzi, La Jagua de Ibiríco, Chiriguaná y El Paso, todos municipios pertenecientes al departamento del Cesar, en donde el 3.85% de ellos padecen enfermedades respiratorias como el asma, fibrilancias, o sea trastornos del ritmo cardíaco conocida también como arritmia cardíaca, o también tos crónica. Entre otras cosas, se trata del único estudio que se conoce hasta el momento sobre el tema, dado que las entidades administrativas del Estado no sólo en el Cesar, que debían estar preocupadas por el tema, hacen mutis por el foro. Resulta inadmisible, que a pesar que desde 1997 se vienen haciendo denuncias al respecto, la Secretaría de Salud del Departamento del Magdalena ha tenido que reconocer en la Asamblea Departamental, que a la fecha esa dependencia no ha realizado estudio alguno para determinar la incidencia del polvo del carbón, en la población aledaña a la red férrea y los puertos.

Pero lo anterior resulta una minucia, cuando se conoce que no obstante las entidades correspondientes insistían en manifestar que tal actividad no generaba ningún problema a los seres humanos, los informes de la Contraloría General de República sobre calidad de aire en aquellas zonas portuarias de Drummond Ltda. y Prodeco en Ciénaga, señalaban lo contrario. En dicho informe afirman que tales datos no son reales, dado que según ellos, estas estaciones de monitoreo no sólo estaban inmersas en siembra de árboles de mango, sino también ubicadas de tal manera, que no podían hacer las mediciones reales por encontrarse fuera de las líneas de aire o por manipulaciones evidentes de trabajadores de la empresa. Pero resulta que tales investigaciones al parecer se han quedado allí, en investigaciones, porque los resultados y las sanciones no se ven por parte alguna.

Pero tanta canallada parece no ser suficiente para estos tránsfugas de la explotación carbonífera, quienes con su poder económico parecen tener el poder de convertir el aparato judicial del Estado, en algo así como un monumento a la inoperancia. Se dice también, algo que me niego a creer,  esto es, que muchos trabajadores de la transnacional Drumond Ltda, que han muerto por ostensibles afectaciones respiratorias debido a la presencia de sílice de carbón en sus pulmones, en sus registros de sus defunción aparece como causa la “muerte natural”, entendia que este era un concepto que ya no se usaba en el campo de la medicina, porque realmente no dice nada. Todos morimos de algo, pero que a estas alturas en la disciplina médica moderna no se sepa con certeza la causa de muerte de una persona, no tiene presentación porque entre otras cosas, tengo entendido que cuando ello sucede, se tiene la obligación ética y civil de realizar la autopsia si uere necesario y averiguarlo. Que no es lo común, vaya y venga, pero debería ser lo protocolario en todos los casos y más en casos como el que nos ocupa,  están en juego vidas humanas y relaciones laborales injustas, en donde el Estado a través de sus representantes laborales y ambientales, se confabula para  no declarar enfermedades profesionales a afecciones que resultan apenas obvias por las actividades laborales que realizan estos obreros. Y no obstante que se habla de manipulación de las historias clínicas y de otras barbaridades anti-éticas, la pasividad del Ministerio del trabajo aterra, qué nos está pasando.

De seguir las cosas como se vienen dando en la justicia, Colombia no tardara mucho para convertirse en un Estado inviable. La columna vertebral de cualquier organización social, se fundamenta en el compromiso que sus integrantes hacen de cumplir y hacer cumplir el llamado pacto social, que no es nada diferente a respetar los fundamentos de su orden jurídico; cuando esto no sucede, aparece irremediablemente el caos. Y esto viene sucediendo en este país hace rato, tanto así, que quiéranlo o no muchos o pocos colombianos, este desorden jurídico, alimentado y fomentado por sectores que se benefician de él, ha tenido mucho que ver en la guerra que vivimos hace más de 50 años. Lograr una paz en estas circunstancias, es algo realmente difícil.