Por estos días, una noticia pasó desapercibida por los colombianos
relacionada con los buitres de Interbolsa. Resulta que a la intervenida y
liquidada empresa se le descubrió que una filial en la ciudad de Miami
denominada Interbolsa Securities, venía operando con licencia desde el 2010 en
EE UU. Hasta aquí no hay problema; el asunto comienza a resultar
sospechoso cuando se descubre que el 75%
de la misma pertenece a Interbolsa USA Holdings y en esta aparecen dos socios,
cada uno con un 5% en acciones. El primero de nombre Steven Roy Karpel,
director ejecutivo y presidente de la compañía, quien tiene un caso pendiente
en la Corte de Miami Dade desde noviembre de 2001. El segundo es Farid Andrés
Velásquez Elneser, director financiero
de la firma y quien hasta hace algunos años era copropietario de una empresa
grabadora de música cristiana y realizadora de videojuegos e igualmente se
conoció que también hizo parte de una compañía que producía videos y hacía
traducciones; sin embargo, de la noche a la mañana este señor aparece
convertido en director financiero de una empresa comisionista en Miami,
detalles estos que no pasaron desapercibidos por las autoridades
estadounidenses; pero igual, no era como para levantar ampollas, ya que en
nuestro país el sector financiero nos tiene acostumbrado a cosas peores. Pero
un tercer aspecto descubierto sí enciende las alarmas: según la noticia, la
misma filial tenía permiso, léase bien, tenía permiso para manejar dineros del gobierno de los
Estados Unidos vía inversiones o a través de otros corredores de bolsa. Es
decir, esta empresa colombiana tenía autorización oficial para negociar con
recursos del Tesoro de los Estado Unidos. ¿Cómo habían podido lograr semejante
gabela por parte del Tesoro norteamericano? ¿Qué clase de influencias podían
tener estos señores para lograr tan preciada prebenda por parte del Estado
americano? Y casi que de manera automática me encontré ubicado en el año 1988,
cuando el Tribunal de la Haya condenó a USA a indemnizar a Nicaragua con 17.000
millones de dólares, dinero que a estas alturas del partido no sé si se pagó o
no. La sanción fue motivada debido a que se comprobó la injerencia de Estados
Unidos en la agresión a Nicaragua. Me refiero al escándalo Irán-Contra sucedido
entre el 85 y 86, cuando durante la administración de Ronald Reagan, Estados
Unidos vendió armas al gobierno iraní, enfrentado en ese momento en una guerra
a Irak y con cuyos dineros se financió a la Contra nicaragüense que combatía al
gobierno sandinista. Operaciones ambas prohibidas por el Senado de los Estados
Unidos, pero que produjeron más de 47 millones de dólares que sirvieron para
financiar a la Contra. Dineros que fueron manejados de manera subrepticia por
un personaje que se volvió famoso en su momento de nombre Oliver North, para la
época Teniente Coronel y ayudante del Consejero de Seguridad Nacional Robert
McFarlane, quien gestionaba estos dineros mediante un entramado de cuentas
bancarias y de entidades financieras de dudosa ortografía, para no hablar de la
droga que salía en los aviones llevaban armas con el mismo propósito, esto es,
financiar a la Contra nicaragüense en su empeño por derribar a la revolución
Sandinista que acababa de derrocar la sangrienta dictadura de Anastasio Somoza
Debayle, de quien Roosevelt dijo en su momento: “Es un hijo de puta, pero es
nuestro hijo de puta”.
Ojalá que esta investigación no se pierda en el laberinto de la
burocracia jurídica estadounidense.
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