Una realidad que horroriza.

Por Armando Brugés Dávila.

Por estos días, leyendo la prensa nacional quedé en una especie de shock. No podía entender lo que leía; no me cabía en la cabeza que semejante situación se pudiera dar en el país. Me refiero a la denuncia que hiciera el ciudadano Haroldo José Villanueva, en un periódico de circulación nacional, referida a lo que le sucedió en la capital de la republica el domingo 23 de diciembre. El suceso se inicia a eso de las 6:30 de la tarde cuando  fue sujeto de un intento de atraco por parte de dos individuos  puñal en mano. Pero justo en el momento se presenta una moto de la policía y los captura in fraganti. Al llegar al CAI a poner la denuncia, el único agente allí presente le dice que no la puede instaurar porque el delito no se consumó. Al increparlo el ciudadano, lo que logra es que lo embarquen en el camión que llegaba en esos momentos y en donde iban los delincuentes que habían intentado atracarlo, los cuales con otro sujeto más, eran los dueños del camión policía por la sencilla y absurda razón de encontrarse en posesión de las armas con las que lo habían intentado atracarlo a él. Armamento con el cual a medida que iban subiendo los detenidos los iban atracando; a él personalmente le robaron un celular y 250.000 pesos. No quisiera ser mal pensado pero pareciera que existiera un contubernio entre los agentes responsables del camión y los atracadores.

Cuando llegaron a la UPJ (Unidad Permanente de Justicia) de Puente Aranda, allí no le dejan escribir su constancia de atraco, sólo le permiten entrar el chip del celular; lo demás se lo quitaron pero sin acta alguna. Cuando se resiste entrar a patio por temor a que sus enemigos (los atracadores) le hagan daño, sólo recibe palo. Hasta que una joven agente se conduele y lo mete en un pabellón solo,  pero por muy poco tiempo; después lo acompañaban 250 personas más. Allí se percata entonces que la droga circula con total libertad. Un “pase” puede costar entre $1.000 y $10.000. Pero también se consigue un tinto con un pedacito de pan y salchichón por $5.000, actividad esta que también prohíbe el régimen carcelario. Sus necesidades las tuvo que hacer al aire libre, él y todos los demás, por lo que al finalizar la noche el pabellón estaba full de materias fecales y orines; de olores ni hablemos. Si quería dormir un rato tenía  que pagar para que lo cuidaran. Al salir fue a Medicina legal y lo incapacitaron por 12 días. Durante este corto periplo de insensatez policial, este funcionario público, como bien lo dice en su declaración, sufrió golpes con puños y bolillos, maltrato físico y sicológico, vio casos de corrupción, nepotismo, abuso de autoridad, negación de justicia, negación del debido proceso, venta y consumo de estupefacientes y micro tráfico de droga. Es decir, la demencia delincuencial apoderada de los que tienen la responsabilidad de imponer el orden y hacer respetar la ley. Pero resulta aún más deprimente, que lo que pudo ser  el escándalo noticiosos del 2013, fue casi que ignorado por los medios en general y terminó con la declaración de un alto funcionario de la policía comprometiéndose a adelantar la investigación correspondiente e imponer las sanciones disciplinarias que fuesen necesarias. Con el Fuero Militar aprobado, dudo mucho esto último. Si no degradaron a Santoyo, con todo y que puso al Estado colombiano y a las mismas fuerzas armadas en la picota continental poco es lo que se puede esperar de ahora en adelante en torno a temas de tal naturaleza.