Por Armando Brugés Dávila.
A raíz de la inauguración de la Conferencia de Estados Partes de la
Convención Americana de Derechos Humanos en Guayaquil (Ecuador), se dieron dos
importantes propuestas por parte del presidente anfitrión Rafael Correa.
Recordemos que en 1967 durante la Tercera Conferencia
Extraordinaria, se aprobó que fuera una
convención interamericana sobre derechos humanos la que determinara la
estructura, competencias y procedimientos de los órganos encargados de esa
materia. Esta Convención en 1969 determinó como propósito el consolidar en
América un régimen de libertad personal y de justicia social, reconociendo que
los derechos esenciales del hombre no surgían de su nacionalidad sino de sus
atributos como persona humana, lo que de por sí justificaba una protección internacional
complementaria a la ofrecida por el derecho interno de los Estados, única forma
de lograr el ideal de un ser humano libre, exento del temor y de la miseria. En
dicho documento, las partes se obligaron a respetar los derechos y libertades
individuales reconocidas en ella sin discriminación alguna. Además, se
comprometieron a respetar la vida humana, por lo cual nadie podría ser privado
de la misma de manera arbitraria. Igualmente se sostiene que nadie podrá ser
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que
toda persona privada de su libertad debería serlo con la dignidad inherente a
su calidad de ser humano. Así mismo, se
define allí que nadie podrá ser detenido o encarcelado de forma arbitraria.
¿Estará en alguno de estos compromisos la explicación para que algunos países
se hayan tozudamente negado a ratificarlo?
Refiriéndose concretamente a Estados Unidos, el presidente ecuatoriano
deploraba que el país del norte, que se ufanaba de hablar y exigir la implementación
de los derechos humanos no sólo en América sino en el mundo, resultara de los
menos interesados en ratificar los instrumentos internacionales relacionados
con esa materia, señalando además que no tenía sentido que un país que no había ratificado tal Convención, sirviera de
sede a la misma. En su criterio, esta no ratificación era precisamente la que en la práctica le
había dado patente de corso a aquel Estado para llevar a cabo su criminal
embargo contra Cuba, suceso rechazado por la mayoría casi absoluta de los
miembros de las Naciones Unidas, así como también el haber implementado una
absurda justicia paralela que ha permitido la tortura en el enclave de
Guantánamo. Con fundamento en lo anterior, el presidente Correa propone no
solamente que la sede de este organismo sea trasladada a Buenos Aires, sino que
además solicita a sus miembros asumir con seriedad el sacrificio económico que
dicha medida implica, porque precisamente la preeminencia estadounidense ha
sido posible gracias a que ha facilitado el dinero para su sostenimiento, un
sesenta por ciento, logrando así imponer sus condiciones en nombre de los
mismos derechos humanos que en la práctica irrespeta.
Por lo demás, el mandatario considera desconcertante que sólo 23 de
los 34 países integrantes de la OEA hayan firmado la Convención; es más,
Bolivia está pensando seriamente su retiro. De allí que el jefe de gobierno
ecuatoriano considere que dicha reunión debe tener como propósito el dialogo
franco y directo entre los estados miembros, en un intento por buscar acuerdos sobre mecanismos suficientes y
efectivos que fortalezcan y universalicen la institución, comenzando por
enmiendas a su normatividad y reglamentación que permitan un sistema que haga
de la ética, la equidad y la transparencia, una vivencia cierta y sin sesgos de
la corporación.
Ojalá se logre el traslado de la sede y el financiamiento
efectivo por parte de los Estados
miembros, así como la adopción de un código de conducta para la CIDH. Lo más
importante ha sucedido: Latinoamérica ha perdido el miedo a hablar y se está atreviendo a
proponer cosas novedosas al interior de las instituciones de las que hace
parte.
armandobrugesdavila@gmail.com
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