Cómo así que Mindefensa legisla?

Por Armando Brugés Dávila.
 Nada bueno, democráticamente hablando, se puede esperar de un país en donde las propuestas modificadoras de sus códigos de justicia, los presenta su ministro de Defensa. Ser juez y parte nunca ha sido fórmula de buen recibo en ningún pueblo que se precie de civilizado. Y cuando esto sucede, bien se puede decir que estamos hablando de una tragedia, y la fecha en que se produce el suceso parece corroborar la idea. Recordemos que el 11 de septiembre del año en curso, fue el día en que el ministro de defensa presentó el proyecto de reforma a la justicia. En igual fecha pero del año 2001, se produjo el más grande atentado que recuerde la historia en todos los tiempos: el de las torres gemelas en la ciudad de Nueva York. Terrible coincidencia, ojalá no sea premonitoria. El presidente Santos es un hombre desconcertante; el mismo día que permite el exabrupto, que su Ministro de Defensa sea quien presente su proyecto de reforma a la justicia, ese mismo día posesiona en el ministerio de Justicia a un duro en la materia, a quien le tocaría sancionarla como ministro del ramo. Los cercanos a Gómez Méndez aseguran que, dado el talante liberal del mismo, éste no firmará semejante esperpento jurídico que, a decir del constitucionalista Gregorio Hernández, pareciera hecho por el franquismo español en sus mejores tiempos de represión. Criminalizar la justa protesta es lo más injusto que puede realizar un Estado que se precie de democrático, y más grave aún, es asimilar el trabajo ilegal de la minería con el trabajo artesanal de la misma realizada por generaciones para sobrevivir, con el único e indecente propósito de defender intereses privados nacionales y transnacionales, con la perlita que al código de procedimiento penal se le añade un artículo que permite al cuerpo policial, destruir los medios o herramientas utilizadas en la exploración o explotación ilícita de minerales y otros. A propósito: este “otros” no queda claro a qué se refiere; pero lo cierto es que estamos hablando de maquinarias, equipos y bienes, en tanto que tal determinación sea tomada por un juez dentro de las 36 horas siguientes a la solicitud de un fiscal. Mejor dicho: quién dijo miedo. Pero hay algo más grave y es que la intencionalidad del ministro apunta, sin lugar a dudas, a crear una especie de exo-esqueleto jurídico con el cual el gobierno parece estarse preparando para la reacción, que seguramente sobrevendrá ante el incumplimiento de las promesas a los agricultores y campesinos de Colombia. O será que podrá pensarse otra cosa cuando en dicha propuesta se tipifica como delito la "obstrucción de las vías que afecten el orden público", proponiendo para ello, de tres a cinco años de prisión, además de multas y pérdidas de derechos a los que incurran en dicho delito, aclarando, eso sí, que son excluidos de esa penalización quienes cuenten con permisos de autoridad competentes para realizarlas. O sea, que sólo serán viables las protestas que el gobierno considere aceptables. ¡Qué chévere! Se la pusieron difícil al ministro de Chaparral: ahora sí vamos a ver si la esencia liberal que tanto pregonaba en programas de radio era real o sólo posturas de político sin puesto. No la tiene fácil, Ministro.