Discursos Infortunados.

Por Armando Brugés Dávila.
Definitivamente, nuestra dirigencia nos cree tarados u oligofrénicos. No de otra manera se puede explicar que a estas alturas, en un discurso ante la Cámara Colombiana de la Infraestructura que se reunió en Cartagena, el Procurador General de la Nación venga a decirnos que la corrupción de este país es más grave de lo que se cree, porque no es solamente un problema de la administración pública, dado que el sector privado es hoy tan corrupto como aquella. Mejor dicho: la verdad revelada. Y como en fuente ovejuna, la prensa del país, todos a una, salieron a rodear a este gurú de la inteligencia social para llevarle al país, en vivo y en directo, tan portentosa y sabia conclusión. Pero parece que no quisiéramos percatarnos que lo realmente venenoso del mensaje radica en el hecho que el señor Procurador califique la penosa situación como la democratización de la corrupción. ¿Qué tiene que ver la democracia, el más evolucionado sistema de gobierno hasta ahora conocido, con la delincuencia organizada de un pequeño grupo de maleantes de cuello blanco, que amparados en la ignorancia, producto de la desinformación del pueblo colombiano, han convertido a este país en coto de caza desde los tiempos de la independencia? En el juego democrático es condición sine qua non que participe toda la comunidad; en el caso de la corrupción que nos ocupa sólo juegan dos pequeños pero tenebrosos conglomerados de la sociedad colombiana. El primero de ellos conformado por un minoritario conjunto de poder político, al cual muchos han llegado mediante artimañas, pero desde donde acceden fácilmente al manejo de la cosa pública, mediante lo que bien pudiera denominarse testaferrato administrativo y el segundo integrado por los grandes cacaos de las finanzas privadas quienes no sólo poseen y manejan el capital financiero nacional sino que además representan con lujo de competencia, el internacional. Con esto de la democratización de la corrupción no se hace nada distinto a envilecer y satanizar de manera sospechosa el término democracia, lo cual resulta sumamente peligroso en un momento en que el planeta se radicaliza ideológicamente.
El señor Procurador ha descubierto el agua tibia. No son pocos los políticos decentes, que los hay y en todas las corrientes, que desde muchos años atrás han venido sosteniendo que el mayor mal que afecta a este país es la corrupción. Es más, algunos de ellos llegaron a manifestar en su momento, que fenómenos de violencia social como la guerrilla misma, por ejemplo, eran consecuencia y no causa de ella. Pero resulta que ahora el señor Procurador le devuelve la pelota a la sociedad colombiana (léase al pueblo colombiano), a esa inmensa mayoría inerme que siempre, los grupos arriba señalados, han tenido atada y manipulada, diciendo que es a ella a quien corresponde generar una cultura de la legalidad capaz de contrarrestar esa cultura de ilegalidad, que según él, “nos amenaza, poniendo en entredicho nuestra institucionalidad desbordándola y deslegitimándola”. A su entender el país tiene tal cantidad de leyes, que en muchas ocasiones generan únicamente desconcierto no sólo al Estado sino a los propios contratistas. Cuidándose de decir que precisamente para eso las han hecho, para confundir y dar cumplimiento al adagio popular que dice: “En río revuelto, ganancia de pescadores”. Es decir, lo mismo de siempre, lo bueno lo privatizan y lo malo lo socializan.
Pero antes de la intervención del Procurador ya el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, dice la prensa capitalina, había pedido al sector privado atacar de frente la corrupción, conminándole a no ser tan blando en las sanciones y en un colmo de generosidad gubernamental (digo yo), solicitó al gremio castigos severos por las faltas que en el sector se cometieran en contra de la ética. Como diría mi nieto: No entiendo. Eso de arrejuntar lo ético y lo penal, en la práctica ha resultado desastroso en este país, sencillamente porque lo primero corresponde al mundo de la subjetividad y por allí, como en los cuentos de hadas, todo se desvanece. Vale la pena preguntarse entonces, en este caso concreto de la corrupción, a quiénes corresponde sancionarla en el país? No será de casualidad, a las instancias judiciales? Cómo es ese cuento de poner a los ratones a cuidar el queso? Aunque usted amable lector no lo crea, siempre ha sido así. En Colombia cuando el problema se vuelve impresentable, y ante la imposibilidad corrupta de la sanción, se acude entonces a la sagrada figura de la autocensura y obviamente los problemas desaparecen como por arte de magia.